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Este blog nace de una situación realmente vivida en nuestro bufete, inspirada por la compleja historia de una familia inglesa en España, en el contexto post-Brexit. Un padre, de nacionalidad británica, se estableció en España con su familia, disfrutando de una tranquila estancia gracias a la entonces relajada burocracia europea. Sin embargo, con la llegada del Brexit, esta tranquilidad se vio interrumpida cuando uno de sus hijos experimentó una grave crisis de salud mental. Durante el periodo de transición de dos años otorgado a los ciudadanos británicos, no lograron regularizar su situación documental, dejando al hijo en un desafortunado estado de irregularidad y desprotección. 

 

La enfermedad requirió de un tratamiento médico continuo, culminando en una factura hospitalaria abrumadora de aproximadamente 15.000 euros en la última semana. Este incidente suscita una pregunta crucial: 

 

¿Es justa esta situación? Existe un mito extendido de que, debido a la severa crisis económica y financiera que enfrentó nuestro país, los extranjeros en situación irregular no tienen derecho a la asistencia sanitaria. 

 

Este concepto cambió radicalmente con la promulgación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Contrario a restricciones anteriores, este decreto no limita el derecho de forma evidente, estableciendo que: «Artículo 3 ter. Protección de la salud y atención sanitaria a las personas extranjeras que, encontrándose en España sin residencia legal, tendrán derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española, según se establece en el artículo 3.1.» Este decreto detalla que la asistencia será financiada por fondos públicos, siempre que se cumplan ciertos requisitos, desmitificando la creencia de que la asistencia sanitaria universal es inaccesible para los extranjeros irregulares. Dicho esto, la legislación plantea condiciones específicas para acceder a este derecho, como la no obligación de tener cobertura sanitaria por otra vía, la imposibilidad de exportar la cobertura sanitaria del país de origen, y la ausencia de un tercero responsable del pago. Sin embargo, la legislación actual presenta ambigüedades que pueden resultar en paradojas legales, afectando incluso a extranjeros con residencia legal que, por circunstancias específicas, podrían verse excluidos de la asistencia sanitaria especializada. Este fue el desafío al que se enfrentó el desesperado padre que acudió a nuestro bufete, buscando soluciones para la extensa factura hospitalaria de su hijo. Nuestro análisis concluye que, bajo la legislación vigente y los acuerdos internacionales existentes, existen vías legales para abordar estos casos y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria. Es imperativo desentrañar las complejidades de esta legislación y abogar por los derechos de todos los residentes en España, independientemente de su situación legal. Este caso subraya la importancia de una interpretación precisa y humana de la ley, destacando la necesidad de una asistencia sanitaria verdaderamente universal que no deje a nadie atrás. Invitamos a nuestros lectores a mantenerse informados y a buscar asesoramiento legal adecuado para navegar por estas complejas situaciones. 

 

Conclusión: 

 

Este análisis demuestra que, a pesar de las paradojas legales y las barreras burocráticas, el marco legal español ofrece un camino hacia la asistencia sanitaria para extranjeros irregulares, subrayando la importancia de un acceso universal a la salud como un derecho humano fundamental. Si te enfrentas a desafíos similares o tienes preguntas sobre el acceso a la asistencia sanitaria en España, te animamos a contactarnos para obtener más información y asesoramiento personalizado. Juntos, podemos encontrar una solución a tu situación.

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